El PPCS lleva a Fiscalía la gestión del alcalde de Nules tras la investigación de Antifraude

• El PPCS acude a la Justicia por un caso “de extrema gravedad” y de la que se derivan responsabilidades que el pacto que gobierna Nules sigue sin asumir
• El Grupo Municipal del PP solicita en pleno respuestas a las preguntas que se han registrado y a la petición de constitución de una comisión de investigación para examinar lo ocurrido
• Nules merece saber quién ha firmado el pago y de dónde ha salido el dinero para pagar en metálico. “Si no hay nada que esconder, lo que deben hacer es informar”, señalan desde el PP

29 de mayo de 2026.- El PPCS llevará a la Fiscalía al alcalde de Nules (CeN) la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la contratación irregular de los Puntos Violeta en las fiestas de agosto de 2023.

Lo hará después de que este viernes en pleno el portavoz del Grupo Municipal del PP en la localidad, Miguel Ángel Martínez Montés, haya pedido al primer edil respuesta a la batería de preguntas formuladas el pasado lunes 25 y a las que no ha dado contestación.

El PP de Nules ha solicitado por registro una comisión de investigación después de que Antifraude desvelara una contratación irregular en el seno del gobierno de izquierdas formado por CeN, PSOE y Més Nules. “Si no hay nada que esconder, por el bien de la propia compañera, deberían atender esta petición”, ha señalado Martínez Montés.

Será la Fiscalía la que cumpla con el deber de depurar responsabilidades. Desde el PPCS recuerdan que la fiscalización del dinero público que administra un equipo de gobierno es un deber de la oposición y la decisión de acudir a Fiscalía se ejerce con este objetivo. Es un caso “de extrema gravedad” y Nules merece saber si el equipo de gobierno administra con una caja B, puesto que pagaron en metálico al familiar de una regidora y este “adjudicatario ha obtenido un beneficio económico neto indebido”, tal y como advierte el informe.

Cabe señalar que esta investigación de Antifraude ha sido puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, señala el informe, “procede dar traslado de los hechos al departamento competente de esta Agencia para la eventual incoación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la calificación definitiva que en su caso se determine”.